En junio diversas protestas populares se produjeron en Arequipa ante el anuncio del gobierno de privatizar las empresas de gas Egasa (Arequipa) y Egasur (Tacna). Durante su campaña electoral Alejandro Toledo firmó un acta de compromiso para no privatizar estas empresas. El 14 de junio, sin embargo, incumpliendo con su compromiso, el gobierno adjudicó Egasa y Egasur a la empresa Tractebel por 167.4 millones de dólares. Entonces las protestas se volvieron masivas. El alcalde Juan Manuel Guillén interpuso una acción de amparo ante el Poder Judicial, pues la ciudad tenía acciones en estas empresas y no había sido consultada. Fue la primera vez que la población se movilizó exitosamente contra la política de privatizaciones del gobierno. El 19 la comisión gubernamental que llegó a Arequipa firmó un acta que dejó sin efecto las privatizaciones.