El 7 de febrero el Instituto de Estudios Peruanos inicia sus actividades académicas. En su constitución participaron José Matos Mar, Luis E. Valcárcel, María Rowstorowski, José María Arguedas, Augusto Salazar Bondy, Jorge Bravo Bresani, Alberto Escobar, John Murra y Aníbal Quijano. El antecedente de su fundación fue una célebre reunión en Huampaní, en noviembre de 1963, donde este grupo de investigadores sociales se propuso la creación de un Centro de Estudios Andinos para estudiar a profundidad y desde enfoques interdisciplinares los problemas de la sociedad peruana. La dirección del IEP recayó en Augusto Bravo Bresani y se designó a Luis E. Valcárcel presidente honorario; en 1965 la dirección fue asumida por José Matos Mar, quien permaneció en el cargo hasta 1984.

El 21 de mayo el gobierno de Fernando Belaunde promulgó la Ley de Reforma Agraria. Esta Ley venía precedida por movimientos campesinos de tomas de tierras, particularmente en el valle de La Convención (Cusco), donde la Junta Militar de 1962 decretó una reforma agraria que afectó solo a las haciendas de esa provincia. Durante su campaña Belaunde había prometido una reforma agraria y en varios departamentos, como Cerro de Pasco, las comunidades campesinas habían procedido a recuperar tierras que consideraban que habían sido usurpadas por las haciendas ganaderas. La Ley, sin embargo, no tuvo un alcance profundo, pues en el Congreso la oposición aprista y odriísta (APRA-UNO) recortó el proyecto de ley de tal manera que esta no pudo cumplir con sus objetivos de transformar y democratizar el régimen de propiedad agraria.

En 1965 el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, liderado por Luis de la Puente Uceda, abrió tres frentes guerrillero en Cusco, Junín y Piura. El MIR estaba compuesto en su mayoría por jóvenes que procedían del “Apra Rebelde”, un grupo al interior del APRA que reivindicaba las ideas del APRA auroral. El grupo recibió entrenamiento militar y político en Cuba, donde se adhirieron otros jóvenes influenciados por la Revolución Cubana y que pensaban que se podía replicar esa hazaña. En 1963, otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional había intentado entrar al Perú pero fue detectado en Madre de Dios; allí murió el poeta Javier Heraud. En 1965 el ELN reconstituido abrió un frente guerrillero en La Mar (Ayacucho). Estas guerrillas llamaron la atención de la opinión pública, aunque fueron derrotadas por el ejército en pocos meses.

El 23 de junio se llevó a cabo en el auditorio del IEP la célebre mesa de Todas las Sangres, como se conoce a la segunda sesión de la Mesa Redonda sobre Literatura y Sociología. En ella participaron, además de José María Arguedas, José Matos Mar, Jorge Bravo Bresani, Henri Favre, Alberto Escobar, Luis Miguel Oviedo, Aníbal Quijano y Sebastián Salazar Bondy. El debate colocó, de un lado, a los sociólogos que sostenían que la novela de Arguedas (Todas las sangres) no retrataba cabalmente la complejidad de la realidad peruana, pues el mundo de señores e indios que en ella aparece estaba siendo profundamente alterada por el proceso de cholificación; y de otro, a los literatos que reivindicaban la autonomía de la literatura y señalaban que la novela no podía ser juzgada por su veracidad sino por estándares estéticos, creativos y verbales.

El IEP empezó sus actividades con un ambicioso proyecto auspiciado por la Universidad de Cornell: “Estudios de cambios en pueblos peruanos”. En este proyecto también participaron las universidades de San Marcos, San Antonio Abad del Cusco y San Agustín de Arequipa. El estudio consistió en el análisis de los cambios diferenciados que el desarrollo económico capitalista estaba produciendo en la sociedad rural. Se seleccionaron 18 casos tratando de tener una muestra de la diversidad de regional del país: comunidades agrícolas, de pastoreo, haciendas y pueblos de la costa y sierra del Perú. Este proyecto, dirigido por José Matos Mar y William F. Whyte, tuvo una duración de cinco años y movilizó a decenas de investigadores y estudiantes para aplicar encuestas y recoger información etnográfica de los casos seleccionados.

El 18 de diciembre un grupo de dirigentes del Partido Democracia Cristiana liderado por Luis Bedoya Reyes funda el Partido Popular Cristiano. La DC estaba dirigida por Héctor Cornejo Chávez y era alidada del gobierno de Fernando Belaunde. En esa condición Bedoya Reyes fue designado ministro de Justicia y postuló con éxito a la Alcaldía de Lima. Sin embargo, Cornejo Chávez y otros dirigentes reformistas empezaron a asumir posiciones de izquierda e incluso con nociones revolucionarias, abriéndose una fisura con Bedoya Reyes y otros dirigentes de ideas más liberales en economía y política. El PPC se colocó en el espectro político como una derecha liberal y, a diferencia de la DC que apoyó a Velasco bajo el criterio que las reformas sociales debían acelerarse, se pronunció a favor de la constitucionalidad y contra las reformas velasquistas.

Con la publicación de la edición bilingüe del libro Dios y hombres de Huarochirí se inició la serie editorial “Fuentes e investigaciones para la historia del Perú”. La traducción estuvo a cargo de José María Arguedas y el estudio bibliográfico a cargo del historiador francés Pierre Duviols. Esta publicación significó un verdadero acontecimiento para los estudios del mundo andino, la antropología, la etnohistoria y las ciencias sociales en general. El libro está compuesto por un conjunto de relatos, recogidos por el jesuita Francisco de Ávila a fines del siglo XVI, que presentan un mundo mítico en el cual los dioses prehispánicos interactúan con los hombres. La naturaleza y la sociedad andinas serían resultado de esta interacción. Dioses y hombres de Huarochirí es considerado como el corpus narrativo más fidedigno del pensamiento mítico andino.

El 3 de octubre se produce el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado. El hecho estuvo precedido por el escándalo de la “página 11” del Acta de Talara firmado entre el gobierno y la International Petroleum Company. De acuerdo a la denuncia del ingeniero Carlos Loret de Mola, faltaba esta página donde se fijaban los precios a favor de la IPC y desfavorables al Estado peruano. El 9 de octubre Velasco ordenó al ejército la ocupación de los campos de Talara y estatizó la IPC dando término a una controversia que venía de la época de Leguía. Este fue el inicio de una serie de medidas y reformas que transformarían la sociedad peruana colocando al Estado como el principal agente de la economía nacional, promoverían un discurso nacionalista-“revolucionario” y un escenario favorable a la organización y movilización política popular.

En 1968 se publicó el primer libro resultado del “Proyecto de estudio cambios en los pueblos peruanos”, auspiciado por la Universidad del Cornell y escrito por Fernando Fuenzalida, José Luis Villarán, Teresa Valiente y Jürgen Golte: Estructuras tradicionales y economía de mercado: la comunidad de indígenas de Huayopampa. El libro marcó un hito en la antropología y las ciencias sociales, pues cuestionó con sólidas evidencias la idea de “sociedad dual” que predominaba en la investigación social y que señalaba que en el Perú coexistían, en oposición, un sector tradicional y otro moderno. El libro mostró, a partir del caso de los campesinos de Huayopampa, que estos podían vincularse con la economía de mercado sin destruir sus patrones sociales-organizativos comunales, es decir, que no existía una oposición entre lo tradicional y lo moderno.

El 24 de junio el gobierno de Velasco decretó la reforma agraria. Esta fue la reforma con mayores consecuencias en la sociedad peruana, pues cambió drásticamente la realidad del campo. En la sierra acabó con el trabajo gratuito de los campesinos indígenas y convirtió a gran parte de ellos en propietarios organizados en Sociedades Agrícolas de Interés Social; diversas comunidades indígenas también se vieron beneficiadas con tierras que reclamaban como usurpadas; a los trabajadores de las haciendas mecanizadas de la costa norte se les organizó en Cooperativas Agrarias de Producción. Esto acabó con las bases económicas de la clase terrateniente que había monopolizado la propiedad de la tierra, aunque en el caso de las tierras del norte que cultivaban para la exportación se vieron descapitalizadas y se tendió a la baja en su productividad.

En 1969 se publicó el libro La oligarquía en el Perú: tres ensayos y una polémica, escrita por Francois Borricaud, Jorge Bravo Bresani, Henri Fravre y Jean Piel. El libro apareció en un momento en que en los medios académicos y político se debatían sobre los efectos de las reformas, particularmente de la reforma agraria, en la posición de poder de la oligarquía. Los trabajos mostraron que unos pocos grupos familiares abarcaban una compleja red de actividades económicas: desde haciendas de algodón y azúcar, pasando por compañías de importación-exportación y fábricas textiles, hasta la banca y seguros. No obstante, estos ensayos planteaban una imagen de crisis del poder oligárquico debido a la expansión del capital internacional, a cambios en las concepciones del ejército, y la movilización política de los sectores campesinos y populares.

Entre el 2 y el 8 de agosto se llevó a cabo en Lima el XXXIX Congreso Internacional de Americanistas bajo la presidencia de José Matos Mar. Fue la primera vez que el Congreso se realizaba en Lima y tuvo como sede el Colegio Nuestra Señora de la Merced. Se registró la inscripción de 1,829 personas (839 peruanos y 990 extranjeros). Correspondió a Luis E. Valcárcel, en calidad de presidente de honor de la Comisión Organizadora, dar las palabras de bienvenida a las delegaciones presentes, seguido del discurso inaugural a cargo de José Matos Mar. Este congreso reunió a delegados de todas partes del mundo, desarrollándose 820 ponencias en 16 simposios y 4 mesas redondas alrededor de temas como arqueología, historia, antropología y lingüística. A la ceremonia de clausura asistió el presidente Juan Velasco Alvarado para dar el discurso de clausura.

El 21 de marzo el gobierno de Velasco decretó la reforma educativa. La idea central de la ley estaba inspirada en los escritos de Augusto Salazar Bondy sobre la educación como generadora de una consciencia crítica de la realidad y promotora de la transformación de las relaciones de dominación que caracterizaba a la sociedad peruana. La ley también quiso vincular la educación al proceso productivo para lo cual creó la Educación Básica Laboral como opción a la Educación Básica Regular. La EBL apuntaba a formar oficios técnicos; en las ciudades se ofrecían las carreras de construcción civil, mecánica, carpintería y otros; en las áreas rurales las carreras de técnicos agrícolas, zootecnia, avicultura y otros. El punto más polémico de la ley fue establecer un uniforme único (blanco y gris) para los estudiantes de las escuelas públicas y privadas.

En setiembre Julio Cotler, uno de los principales intelectuales que se habían integrado al IEP a su retorno de Francia donde se doctoró en sociología, fue deportado por el gobierno a la Argentina junto con el periodista Eduardo Baella Tuesta y varios líderes políticos de oposición. Al poco tiempo Cotler viajó a instalarse en México. Cotler había publicado un artículo en el que criticaba el carácter corporativo del régimen militar y esto resultó intolerable para el gobierno, pues equivalía a negar su carácter revolucionario. Cotler permaneció en México hasta 1976 y allí se vinculó con otros intelectuales latinoamericanos como Guillermo O’Donell y norteamericanos como Abraham Lowenthal, Alfred Stepan y David Collier. En México también redactó el borrador de su libro más importante: Clases, Estado y nación en el Perú que sería publicado en 1978.

El 5 de julio Lino Quintanilla lideró el movimiento campesino de Andahuaylas que “tomó” las tierras de varias haciendas denunciando que sus dueños estaban vendiendo máquinas, instrumentos de labranza y terrenos a diversos comerciantes y allegados. Quintanilla y los dirigentes campesinos cuestionaron que la reforma agraria no llegaba a Andahuaylas y se pronunciaron por “acelerar” la reforma por iniciativa de los propios campesinos. A esto se le empezó a llamar “la reforma dentro de la reforma” y puso al gobierno en una situación complicada, pues los campesinos procedieron a dividir la tierra bajo sus propios criterios y en la opinión pública empezó a decirse que el proceso se estaba desbordando. El gobierno, sin embargo, movilizó rápidamente a sus funcionarios para evitar que estas iniciativas se expandieran a otras provincias.

Los eventos que anunciaron la crisis interna del gobierno de Velasco ocurrieron el 5 de febrero cuando Lima amaneció desguarnecida por una huelga policial, produciéndose en los días siguientes saqueos de las tiendas comerciales y actos de vandalismo por las calles del centro de la ciudad. Recién a los cuatro días el ejército ingresó a controlar la situación con un costo de varias decenas de muertos y la imagen del gobierno fue de debilidad y fractura de la disciplina de las Fuerzas Armadas. El segundo evento que marcó la caída de Velasco fue la movilización de los regimientos militares a Tacna y el pronunciamiento del general Francisco Morales Bermúdez a favor de una recambio en el gobierno. La adhesión de los principales generales del ejército obligó a Velasco a renunciar a la Presidencia y abandonar pacíficamente Palacio de Gobierno.

El IEP y el Ministerio de Educación, en el marco de la declaración del quechua como lengua oficial del Perú, firman el convenio para preparar y publicar una serie de libros de gramáticas y diccionarios quechua-castellano, con el propósito de contribuir al debate sobre la oficialización del quechua. La pluralidad lingüística del Perú era un tema de estudio de los investigadores del IEP, en particular de Alberto Escobar, quien había publicado en 1972 El reto del multilingüismo en el Perú, además de ensayos sobre el tema. Se convocó a los más renombrados especialistas en la materia (Clodoaldo Soto Ruiz, Rodolfo Cerrón-Palomino, entre otros), quienes prepararon los 12 volúmenes que el año siguiente fueron publicados por el Ministerio de Educación y el IEP. Posteriormente, en 1979, se publicó Quechua. Manual de enseñanza, de Clodoaldo Soto Ruiz.

El gobierno de Francisco Morales Bermúdez significó un cambio drástico en la política económica. Aunque en un inicio señaló que iba a “profundizar” las reformas, poco después se deshizo de los militares “de izquierda” y detuvo, excepto por la reforma agraria, los procesos iniciados por Velasco. En junio el empresario y ministro de Economía Walter Piazza aplicó un plan de emergencia contra la inflación y el déficit fiscal que consistió en el recorte del gasto público afectando los servicios que brindaba el Estado a la población y elevando el precio de la gasolina, lo que incidió en el aumento de los precios de primera necesidad. El plan profundizó el giro ortodoxo que el anterior ministro Luis Barúa venía aplicando y logró el apoyo del Fondo Monetario Internacional. El rechazo al plan vino de la izquierda y el movimiento popular.

Las organizaciones sindicales y las fuerzas políticas de izquierda se pronunciaron contra el plan de emergencia de Walter Piazza. En diversas provincias como Puno y Arequipa se realizaron paros de protesta. Piazza renunció el 6 de julio para calmar los ánimos pero esto no detuvo el paro nacional convocado para el 19 de julio. Fue la primera vez que el país paralizaba realmente sus actividades. Mercados, colegios, universidades, centros laborales y el sistema de transporte suspendieron sus actividades. Los sindicatos salieron a protestar en las calles y en los barrios populares la población bloqueó las autopistas y avenidas. El gobierno se vio arrinconado y respondió con una represión y el despido de 5 mil dirigentes sindicales. En octubre, sin embargo, convocó a una Asamblea Constituyente para junio de 1978 para transferir el poder a los civiles.

El 18 de junio se realizaron las elecciones para la Asamblea Constituyente. Los resultados electorales reafirmaron al APRA como la principal fuerza política, obteniendo el 35% de los votos y su líder Víctor Raúl Haya de la Torre sobrepasó el millón de votos. La novedad de estas elecciones fue la votación obtenida por los partidos de izquierda, que alcanzaron el 30% de los votos y el líder campesino Hugo Blanco logró más de 400 mil votos, elevándose a figura de la política nacional. Esto significó un avance importante de la izquierda pues en las elecciones de 1962 los candidatos a la Presidencia que se presentaron con su apoyo apenas sumaron el 3%. La otra novedad fue que el Partido Popular Cristiano alcanzó el 24% de los votos debido a la abstención de Acción Popular de presentar candidaturas y su líder Luis Bedoya Reyes superó los 800 mil votos.

A su retorno a Lima Julio Cotler terminó de escribir y publicó su libro Clases, Estado y nación en el Perú, el que inicialmente fue un proyecto para explicar el surgimiento del gobierno reformista de Juan Velasco Alvarado. Allí Cotler mostró que en la época colonial se estructuró una sociedad profundamente desigual que el liberalismo del siglo XIX no logró revertir y que en la primera mitad del siglo XX los intentos reformistas del APRA fueron bloqueados por la oligarquía y los militares; el APRA abandonó luego su proyecto reformista y bloqueó los intentos reformistas de Fernando Belaunde. Es en este escenario que los militares decidieron intervenir y realizar las reformas que modernizaran el país. El libro presentó una síntesis e interpretación del proceso histórico y social del Perú que lo convirtió en un clásico de las ciencias sociales.

Entre el 4 y 8 de setiembre se realizó en Lima la reunión “Problemas institucionales de participación en las estrategias para el desarrollo rural integrado”, organizado por el IEP y la División de Estudios para el Desarrollo de la UNESCO. Al evento asistieron expertos de Argelia, Kenya, Marruecos, Nigeria, India, Bélgica, Francia, EEUU, Polonia, Barbados, Islas Vírgenes, Colombia y Perú para debatir los problemas rurales y las experiencias de reforma agraria. Este evento se llevó a cabo en el marco del proyecto de investigación “Reforma agraria y desarrollo rural en el Perú”, que desde 1976 José Matos Mar dirigía en el IEP con el propósito de evaluar los alcances y límites de la Reforma Agraria decretada por el gobierno de Velasco en 1969. Este proyecto contó con el apoyo del Centro de Investigaciones Internacionales para el Desarrollo de Canadá.

El 12 de julio se promulgó la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente. Esta Constitución reemplazó a la de 1933 y garantizó las libertades políticas y los derechos sociales de los individuos, la división de los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y el pluralismo económico en el sentido que se garantizaba la libertad de empresa pero con una presencia importante del Estado en la economía nacional. La medida más trascendental, sin embargo, fue el otorgamiento del derecho al voto a los analfabetos, que en su mayoría eran indígenas campesinos. Con esto se buscaba ampliar las bases de la democracia en el Perú. Otra innovación a destacar fue la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales como órgano de control de la estricta constitucionalidad de las acciones de los poderes públicos.

El 18 de mayo se llevaron a cabo las elecciones generales para Presidente y Congreso, con lo cual se restableció la democracia. Fue elegido Fernando Belaunde con el 44% de los votos, imponiéndose a Armando Villanueva, el candidato del APRA, que alcanzó el 27% de votos. Belaunde llamó a concertar al resto de fuerzas políticas pero solo el Partido Popular Cristiano acudió al llamado (no lo hizo el APRA ni la izquierda), estableciéndose una alianza de gobierno que le dio a Belaunde mayoría en el Congreso y el PPC asumió la dirección de algunos ministerios. Uno de los primeros gestos políticos de Belaunde fue devolver los medios de comunicación (televisión, radio y prensa escrita) expropiados por el régimen militar a sus antiguos dueños, aunque esto no ocurrió con el resto de empresas y actividades económicas estatizadas por Velasco.

Para las elecciones del 18 de mayo los partidos de izquierda habían intentado unificarse en la Alianza Revolucionaria de Izquierda y levantar la candidatura de Hugo Blanco. Estos esfuerzos fracasaron y cada partido fue con candidato propio. Los resultados electorales fueron desastrosos: la votación de la izquierda fue menor a la obtenida en las elecciones de 1978. Sin embargo, la izquierda aprendió la lección y el 11 de setiembre se fundó el frente electoral Izquierda Unida para participar en las elecciones municipales de noviembre. Se lanzó la candidatura de Alfonso Barrantes a la Alcaldía de Lima, logrando el segundo lugar con el 23% de la votación, así como presencia significativa en diversos distritos populares. Esto volvió a colocar a la izquierda en una posición expectante de la política nacional y elevó la figura de Barrantes como el líder de la izquierda.

El 17 de mayo, en vísperas de las elecciones, un grupo de miembros del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso asaltó en el pueblo de Chuschi (Ayacucho) la oficina del Registro Electoral donde se guardaban las ánforas y padrones de votación, procediendo a incinerarlas. Aunque hubo otras acciones, como lanzar petardos en Cerro de Pasco y a la Municipalidad de San Martín de Porres (Lima), el asalto de Chuschi fue reivindicado por SL como el inicio de la lucha armada. El acto simbolizaba el desafío a la democracia de SL y anunciaba a la opinión pública que el PCP-SL abría un período de violencia como método para la conquista del poder. Aunque el hecho no captó las primeras planas, en los meses siguientes diversos atentados contra locales públicos, torres eléctricas y autoridades fueron cambiando la vida cotidiana de la población.

El libro La reforma agraria en el Perú, escrito por José Matos Mar y José Manuel Mejía, fue el estudio más sistemático del proceso de reforma agraria, tal vez el cambio de mayor impacto del gobierno de Velasco. El libro, que formó parte de las diez publicaciones del ambicioso proyecto “Reforma agraria y desarrollo en el Perú” del IEP, da cuenta de las transformaciones que introdujo la reforma agraria en la sociedad rural: la desaparición del sistema de haciendas para ser reemplazadas por cooperativas y empresas agrarias colectivas que, junto con las antiguas comunidades campesinas, pasaron a constituirse en la nueva realidad agraria del país. Se presenta, además, un cuadro de los problemas de gestión y de productividad de las cooperativas y empresas, así como de las tensiones entre los técnicos y funcionarios del gobierno con los trabajadores agrícolas.

El 3 de marzo el PCP-SL asaltó la cárcel de Ayacucho y liberó a 70 presos por terrorismo. Fue un ataque espectacular precedido por un apagón general y el ataque con explosivos de los locales de la Guardia Civil, de la Policía de Investigaciones y de la Guardia Republicana con el objetivo de evitar que acudieran a defender la cárcel. El grupo principal de SL atacó con éxito la cárcel y logró liberar a los presos, entre los cuales se encontraban Hildebrando Pérez Huaranca y Edith Lagos. Los soldados del cuartel Los Cabitos no llegaron a actuar debido a que la orden no llegó a tiempo y los senderistas se retiraron con pocas bajas. Esta acción colocó a SL como una seria amenaza del orden público y en los medios de prensa se empezó a demandar la acción del ejército, lo que será autorizado por el presidente Belaunde a fines de diciembre.

El libro del historiador argentino Carlos Sempat Assadourian, El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico, marcó el nivel más alto de la renovación de los estudios de historia económica que, bajo la coordinación de Heraclio Bonilla, se llevaban a cabo en el IEP. Assadourian llegó a revolucionar los estudios de la historia económica colonial, pues mostró que la producción y transporte de plata generó un “mercado interno colonial” que dinamizó la producción agropecuaria de las haciendas, de los arrieros de mulas y de los comerciantes que debían de abastecer a los centros mineros. Así, las minas de Potosí se convirtieron en el eje articulador de las economías locales y regionales de diversas áreas de Perú y Chile, así como del entonces virreinato del Río de la Plata, experimentándose una suerte de prosperidad económica colonial

Entre 1980 y 1982 las acciones de SL se expandieron gracias a la incorporación de jóvenes radicalizados provenientes de la izquierda legal, de las universidades y del magisterio. La policía no estaba preparada para la lucha antisubversiva y era objetivo de emboscadas y atentados. Luego de la fuga de militantes de SL de la cárcel de Ayacucho, el suceso más sonado fue el ataque al puesto policial de Vilcashuamán el 22 de agosto con un saldo de siete policías muertos y la destrucción de sus instalaciones. La prensa nacional dio amplia cobertura al hecho, pues el ministro del Interior Gagliardi llegó a inspeccionar la zona. La idea del ingreso de las FFAA a combatir a SL volvió a plantearse y el presidente Belaunde firmó la autorización el 27 de diciembre para que las FFAA instalaran puestos militares en las zonas de emergencia.

El 26 de enero, en la comunidad de Uchuraccay se produjo el asesinato de ocho periodistas del Diario de Marka, El Observador, La República, Oiga y Noticias de Ayacucho (y del guía Juan Argumedo) que habían ido a cubrir la noticia de la muerte de varios senderistas a manos de comuneros de Huaychao y Macabamba. Estas comunidades estaban instruidas por las FFAA para rechazar la presencia de SL que había asesinado a Alejandro Huamán, presidente de la comunidad de Uchuraccay. En este contexto es que cuando aparecen los periodistas (los comuneros estaban preparados para las represalias de SL) se producen los confusos hechos que acaban con la masacre de los periodistas por los campesinos. Ante la conmoción que causó en la opinión pública la noticia de los hechos, el gobierno nombró una Comisión de Investigación presidida por Mario Vargas Llosa.

El año 1983 fue el más difícil del gobierno de Belaunde. Un año antes se había producido la crisis de la deuda con la declaración de insolvencia de México y los créditos internacionales se cerraron para América Latina. A esta crisis se sumó los desastres naturales, en particular las inundaciones de los campos de cultivo y de las carreteras, que provocó el fenómeno El Niño en la costa norte y sur. En la sierra sur se experimentaron sequías, mientras que en la central los huaycos arrasaron con varios poblados. Esto afectó negativamente la producción y el comercio. El PBI cayó a -13.2%, escasearon los productos de primera necesidad y la inflación de precios afectó a los sectores populares. La respuesta de las instituciones del Estado fue deficiente y la imagen de Belaunde como un presidente sin reflejos políticos afectó su popularidad.

El 3 de abril se produjo el asesinato de 69 campesinos, entre hombres, mujeres y niños, de la comunidad de Lucanamarca, provincia de Huancasancos, Ayacucho, por parte de SL. Fue una acción de represalia ordenada por el Comité Central de SL ante la resistencia de las comunidades a constituir los “comités populares” y enfrentarse a los senderistas. En el caso de Lucanamarca, los comuneros estaban en contra de los “juicios populares” y ejecuciones, y por indicación del ejército decidieron rebelarse, apresar al cabecilla del grupo senderista de la zona y ajusticiarlo frente a la iglesia. La respuesta de SL fue atacar Lucanamarca, reunir a la población en la plaza y matar cruelmente con machetes, hachas y palos a 69 de ellos. Fue la primera matanza colectiva que SL realizó y reivindicó como una forma de escarmiento a la población rebelde.

El 13 de noviembre Alfonso Barrantes, candidato de IU, ganó la alcaldía de Lima a los candidatos del APRA (Alfredo Barrenechea), del PPC (Ricardo Amiel) y de AP (Alfonso Grados Bertorini). Fue una victoria importante para la izquierda que se convirtió en la segunda fuerza política, reanimó a la militancia y consolidó el proceso de unificación. Barrantes era un líder moderado y su figura adquirió dimensiones nacionales en los años de su gestión, particularmente entre los sectores populares que se beneficiaron con el programa del “vaso de leche” destinado a los niños y madres gestantes. La IU también ganó las alcaldías provinciales de Puno, Huancayo y Cusco, así como en numerosos distritos de Lima y provincias. En los municipios de la IU se convocaron a las organizaciones barriales, populares y de mujeres para promover gobiernos participativos.

En setiembre se dio inicio a la reorganización institucional del IEP, luego de veinte años de José Matos Mar en la Dirección General. En este proceso se reformaron los estatutos, se redactaron y debatieron diversos informes sobre la situación administrativa y económica, se estableció un consejo directivo por elección de la Asamblea de Asociados, así como los procedimientos institucionales para elegir a los directores. En diciembre Julio Cotler fue electo director general del IEP y como miembros del consejo directivo a Alberto Escobar, Efraín González Olarte, Raúl Hopkins, María Rostworowski, Carlos Iván Degregori y Óscar Castillo. Esta renovación fortaleció la democracia interna del IEP y junto con el primer Programa Institucional que articuló las diversas áreas de investigación se sentaron las bases del desarrollo posterior del IEP.

El 14 de abril Alan García, candidato del Partido Aprista Peruano, ganó las elecciones a la Presidencia de la República con el 47% de los votos emitidos frente al 21% del Alfonso Barrantes de la IU. Como la Constitución demandaba que el Presidente fuera elegido por el 50% más uno de los votos, debía realizarse una segunda vuelta entre los dos candidatos con más alta votación. No obstante, Barrantes retiró su candidatura y García fue declarado como ganador. Alan García era el primer aprista que llegaba al poder luego de casi sesenta años desde que se fundara el APRA. Fue el presidente más joven en asumir la Presidencia, con apenas 36 años; antes había sido electo para la Asamblea Constituyente de 1978 y luego diputado en el período 1980-1985; desde 1982 era secretario general del PAP. Al momento de asumir la Presidencia gozaba de una gran popularidad.

En su discurso del 28 de julio en el Congreso de la República, Alan García anunció algunas medidas económicas que se conocen como el “programa heterodoxo”. Este consistía en congelar los precios y elevar los salarios para incrementar la demanda y reactivar el aparato productivo. García y su equipo consideraban que la capacidad productiva del país (industria, agricultura, etc.) estaba siendo utilizada por debajo del 50% y que aumentando la demanda se podría generar un círculo virtuoso de crecimiento económico e incremento del empleo. Para financiar el alza de salarios y el subsidio a los alimentos, García utilizó las reservas internacionales dejadas por Belaunde y recortó el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. Al inicio, el plan parecía ser un éxito, pues el Producto Bruto Interno creció en 8.6% en 1986 y en 6.8% en 1987.

Los días 18 y 19 de junio se produjo la masacre en los penales de San Pedro en Lima y de la isla “El Frontón” frente al Callao. Las cárceles estaban parcialmente dominadas por los presos de SL, quienes controlaban el ingreso de las autoridades, visitas y materiales. Para retomar el control de los penales el gobierno planificó el traslado de los presos de SL al penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro. En estas circunstancias el 18 de junio se produjo el motín de los presos senderistas simultáneamente en San Pedro, El Frontón y la cárcel de mujeres de Santa Mónica. El 19 de junio empezó la intervención de las Fuerzas Armadas, produciéndose un enfrentamiento desigual que terminó con casi 300 prisioneros muertos y numerosas denuncias de violación de los derechos humanos. Cuando la noticia fue difundida por la prensa remeció a la opinión pública.

El 9 de noviembre el candidato del PAP, Jorge del Castillo, ganó las elecciones a la Alcaldía de Lima con el 37.6% de los votos válidos, quedando en segundo lugar Alfonso Barrantes con el 34.8%. Estas elecciones fueron polémicas debido al apoyo dado por Alan García, quien en esos momentos gozaba de una alta popularidad, que incluyó el anuncio de la construcción del tren eléctrico y uno de sus célebres discursos públicos desde un balcón de Palacio de Gobierno (conocido como “balconazo”) a pocos días de las elecciones. Del Castillo fue electo alcalde de Barranco en 1983 y prefecto de Lima de 1985 a 1986, pero no tenía el reconocimiento de Barrantes (que buscaba la reelección a la Alcaldía de Lima) o de Luis Bedoya Reyes (dos veces alcalde en los sesenta), quien obtuvo el tercer lugar. En la memoria colectiva ha quedado como decisiva la intervención de Alan García.

El libro de Carlos Iván Degregori, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch, Conquistadores de un nuevo mundo. De invasores a ciudadanos, abrió nuevas perspectivas para la comprensión de los cambios que estaba generando el proceso de migraciones. El libro tomó como caso el barrio de Cruz de Mayo en San Martín de Porres (Lima) y encontró que la experiencia de los migrantes en la construcción de la ciudad estaba originando una autopercepción como agentes del cambio social. De otro lado, que en la creación de organizaciones sociales y vecinales estaban adquiriendo una consciencia de sí mismos como individuos con derechos, es decir, como ciudadanos que podían demandar del Estado derechos y servicios sociales. Esto, sumado a las prácticas democráticas que establecían en sus organizaciones, estaba renovando la democracia desde abajo.

El 28 de julio Alan García presentó ante el Congreso de la República el proyecto de estatización de la banca. El “programa heterodoxo” de García exigía la reinversión de las ganancias que los empresarios habían obtenido con el aumento de la demanda para generar empleo y la economía no se detuviera. Sin embargo, los empresarios no reinvirtieron y García interpretó que lo habían traicionado. La estatización de la banca era precisamente una medida para controlar los capitales e inyectarlos a la economía. El proyecto despertó la oposición de los sectores empresariales y de la derecha política, destacando la figura de Mario Vargas Llosa entre los opositores. En el Congreso la aprobación del proyecto demoró varios meses y un juzgado lo declaró improcedente. La estatización no llegó a ser efectiva, aunque marcó un antes y un después en el gobierno de García.

El 2 de enero se procedió a la renovación del Consejo Directivo del IEP y de su director general Julio Cotler, consolidando el proceso de reorganización como de las normas de elección acordadas por la Asamblea de Asociados. Efraín Gonzales Olarte fue electo como director general y como miembros del Consejo Directivo a Julio Cotler, Marisol de la Cadena, Heraclio Bonilla y Raúl Hopkins; Carlos Iván Degregori y Jürgen Golte fueron electos miembros suplentes. Asimismo, se aprobó el Programa Institucional “Identidad nacional y democracia” compuesto por tres líneas de investigación: “Economía para la democracia” que estudia la estructura productiva regional, el empleo y la distribución del ingreso en el Perú; “El imaginario nacional en la literatura peruana, en el siglo XIX; y “Subordinación y complementariedad: relaciones entre hombres y mujeres en los Andes”.

En julio de 1988 las señales de la crisis del “programa heterodoxo” se manifestaron con el alza del dólar a más de 200 intis y con una inflación de más del 30%. El 6 de setiembre el ministro de Economía Abel Salinas anunció un paquete de medidas económicas para detener la inflación que elevó la gasolina en 300% y el precio de los alimentos en un promedio del 150%. Esto significó el giro de la política económica a una orientación “ortodoxa” de recorte del gasto público y devaluación de la moneda para estabilizar la economía. Sin embargo, la “política de ajuste” no tuvo el éxito esperado y la inflación continuó en ascenso afectando la economía de los sectores populares, precisamente los más vulnerables. La crisis se fue agravando e hizo descender la aprobación del presidente García de 40% en julio de 1988 a 11% en julio de 1989.

La publicación de Historia del Tahuantinsuyu de María Rostworowski fue un verdadero acontecimiento académico y editorial. Es el libro más vendido del IEP y su autora la más célebre estudiosa de los incas. Antecedido por numerosos artículos y libros, Rostworowski sintetizó la historia de los incas.

El 12 de noviembre se produjo una sorpresa en las elecciones a la Alcaldía de Lima. El conocido animador de televisión Ricardo Belmont fue elegido alcalde con el 45% contra el 26% de Juan Incháustegui del FREDEMO y el 11% de Henry Pease de IU. Belmont no tenía trayectoria política y para las elecciones había formado el “Movimiento Independiente Obras” que presentó su candidatura a Lima pero ninguna a los 39 distritos que integraban la ciudad. A pesar de esto, Belmont le ganó a las organizaciones políticas de derecha, del centro y de izquierda, mostrando el rechazo de la población a los denominados “partidos tradicionales. En ese momento, nadie se percató del significado de esta victoria: el ascenso de los independientes y del drástico cambio del electorado a favor de personajes fuera del sistema de partidos y con un discurso pragmático.

El 8 de abril se produjo un “tsunami político” al obtener el segundo lugar en las elecciones a la Presidencia de la República Alberto Fujimori, candidato del movimiento independiente “Cambio 90”, con el 29% de los votos. El primer lugar lo obtuvo Mario Vargas Llosa, por el Frente Democrático (FREDEMO) con el 32%. A diferencia de Belmont, Fujimori era un desconocido por la opinión pública hasta semanas antes de las elecciones cuando empezó a ascender velozmente. Por ello su pase a la segunda vuelta fue algo inesperado. Lo que no resultó inesperado fue que ganara la segunda vuelta, pues el PAP, que había obtenido el 22%, y las dos izquierdas (IU y la Izquierda Socialista), que juntas sumaron 12%, hicieron campaña contra el FREDEMO, con lo que implícitamente apoyaron a Fujimori, quien alcanzó el 62% de los votos contra el 37% de Vargas Llosa.

Alberto Fujimori ganó las elecciones con la promesa de no aplicar el shock económico que proponía Vargas Llosa. Sin embargo, una vez en el poder se convenció de aplicar un programa de ajuste y el 8 de agosto, el ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller anunció la eliminación de los subsidios a la gasolina y a los alimentos, así como la liberalización de los precios y del tipo de cambio. Esto significó que los precios se dispararan: la gasolina subió de 21,000 a 675,000 intis, el dólar se cotizó a 265,000 intis y los productos básicos se duplicaron o triplicaron; la leche, por ejemplo, subió de 120,000 a 330,000 intis. El shock tuvo un alto costo social (aumentaron la pobreza y la pobreza extrema), aunque la economía empezó a estabilizarse: la inflación pasó de 7,650% en 1990 a 139% en 1991 y el crecimiento del PBI de -4.9 en 1990 subió a 3%.

El 3 de noviembre se produjo la matanza de Barrios Altos en la que fueron victimadas 15 personas, incluyendo a un niño de 8 años, en su mayoría vendedores ambulantes y heladeros quienes participaban de una pollada y fueron confundidos como terroristas. Los hechos se produjeron en una casona del Jirón Huanta 840 y fue el primer homicidio múltiple en Lima contra civiles. Las imágenes del traslado de los cuerpos sin vida conmocionaron a la opinión pública y en el Congreso de la República se formó una Comisión Investigadora pero sus labores se interrumpieron con el golpe de abril de 1992. En 1993, sin embargo, informes periodísticos daban cuenta que el autor de esta masacre fue el “Grupo Colina”, un destacamento formado para eliminar a líderes de Sendero Luminoso, que contaba con la protección de las autoridades militares y del asesor Vladimiro Montesinos.

El 15 de febrero un comando de aniquilamiento de Sendero Luminoso asesinó cruelmente a la lideresa de Villa El Salvador, María Elena Moyano. Moyano era Teniente Alcalde de ese distrito y había destacado como Presidenta de la Federación Popular de Mujeres de VES. Era una figura carismática y salía en la prensa criticando las acciones de SL contra las organizaciones sociales, como cuando SL voló el centro de acopio de la FEPOMUVES. Su enfrentamiento a SL le generó diversas amenazas a su vida. El 14 de febrero SL convocó a un paro armado y Moyano llamó a una “marcha por la paz”. Ella encabezó a unas cincuenta personas con banderas blancas. SL no toleraba a ningún opositor y al día siguiente, cuando Moyano participaba de una pollada organizada por un comité del vaso de leche, fue acribillada y en el suelo una carga de dinamita despedazó su cuerpo.

El 5 de abril se produjo el autogolpe de Alberto Fujimori quien salió a declarar en los medios de prensa la suspensión de la Constitución de 1979, la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones. El pretexto dado por Fujimori fue que el Congreso obstruía las leyes necesarias para la recuperación económica y la lucha contra la subversión. La percepción ciudadana del Congreso no era buena y el autogolpe fue aprobado por casi el 80%. Este apoyo popular dejó aislados a los partidos políticos que intentaron ungir al vicepresidente Máximo San Román como Presidente legítimo del país. Fujimori también recibió el respaldo de las fuerzas armadas que demandaban mano fuerte contra la subversión y de los sectores empresariales que estaban de acuerdo con la política económica que llevaba a cabo el gobierno.

El 16 de julio, un comando de SL hizo explotar un coche bomba con más de 400 kilos de anfo y dinamita en la calle Tarata del distrito de Miraflores, en Lima. La explosión que ocurrió a las 9:20 de la noche afectó a varios edificios residenciales (El Condado, Tarata, San Pedro y San Carlos), mató a 25 personas e hirió a más de cien. De acuerdo con algunas versiones, el objetivo era el Banco de Crédito de la Avenida Larco pero al no poder estacionar el auto en el frontis de la entidad bancaria, lo dejaron deslizar en la calle Tarata para que explotara en esa calle. Era la primera vez que un atentado se realizaba en una zona de clase media alta en Lima y cobraba tal número de víctimas. Distintos sectores políticos y sociales se solidarizaron con las familias afectadas. Los alcaldes de Miraflores y Villa El Salvador organizaron una marcha de rechazo al atentado.

La noche del 18 de julio se produjo el secuestro y asesinato de 9 estudiantes y un profesor que residían en las viviendas de la universidad La Cantuta. El operativo fue realizado por el Grupo Colina y era una represalia por el atentado de Tarata; una información del servicio de inteligencia señalaba que algunos de los estudiantes habían participado en ese atentado. Los estudiantes y el profesor fueron extraídos de la universidad y llevados a un descampado en Cieneguilla donde fueron acribillados y enterrados. La búsqueda de los familiares captó la atención de la prensa y del Congreso donde se formó una Comisión Investigadora luego de que llegara al congresista Henry Pease un informe anónimo señalando que el autor del secuestro fue el Grupo Colina. En 1993 los cuerpos de los estudiantes y el profesor fueron encontrados y plenamente identificados.

El 12 de setiembre la policía capturó, luego de un largo y paciente seguimiento, a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. El paradero de Guzmán era un misterio e incluso se especulaba si estaba vivo o muerto. Fue hallado en una residencia de Surquillo a la que la policía tenía vigilada. Se sospechaba que estaba escondido allí, pues en los botes de basura se encontraron las envolturas de las medicinas que utilizaba contra la soriasis, enfermedad a la piel de la que padecía. Guzmán fue capturado en compañía de Elena Iparraguirre, Laura Zambrano y otros miembros del comité central de SL. La detención de Guzmán fue un gran golpe moral para SL y marcó el inicio del fin de esta organización subversiva, pues en la residencia se encontraron archivos con información valiosa para ubicar y detener al resto de líderes y desarticular la estructura de la organización.

El 22 de noviembre se realizaron las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático (CCD) convocadas por Fujimori en mayo en la reunión de la OEA en Bahamas. Esta convocatoria fue una respuesta a la presión internacional a favor del restablecimiento de la democracia y a la posibilidad de una sanción de la OEA. Como internamente Fujimori contaba con el apoyo de la opinión pública, su agrupación Cambio 90-Nueva Mayoría obtuvo el 49% de los votos, lo que le dio el control del Congreso. La oposición se presentó desunida. El PPC obtuvo el 9%, el Frente Independiente Moralizador 7%, el Partido Renovación Nacional 7%, el Movimiento Democrático de Izquierda 5% y la Coordinadora Democrática 5%. El PAP y AP rehusaron participar y no presentaron listas de candidatos. El CCD tenía la misión de aprobar una nueva Constitución pero se convirtió en un Congreso permanente.

El 18 de agosto se cometió la atroz matanza de 72 nativos asháninkas, incluidos 16 niños, de las comunidades del valle de Tsiriari, distrito de Mazamari, provincia de Satipo, Junín. Ese día entre 150 y 300 personas, en las que estaban decenas de nativos, atacaron armados de machetes, lanzas y escopetas a las comunidades de Tsiriari. La autoría de estos crímenes se adjudicó, por un comunicado oficial del Comando Político-Militar de la zona, a las columnas de SL por motivos de venganza. Sin embargo, el caso se oscureció cuando testimonios posteriores señalaban como autores al ejército y nativos ronderos, dirigidos por el “Teniente Veneno”. Estos testimonios señalan que el “Teniente Veneno” hizo esto para culpar a la base policial “Los Sinchis” con la cual había tenido conflictos al momento de organizar rondas de autodefensa. El caso ha quedado sin esclarecer.

En noviembre salió Argumentos, boletín mensual de coyuntura política y económica del IEP. La coordinación estuvo a cargo de Romeo Grompone y Carlos Iván Degregori, con el apoyo de Teobaldo Pinzás y Francisco Verdera. Este boletín se publicó por dos años y en él escribieron el conjunto de investigadores del IEP, así como investigadores y académicos de otras instituciones y universidades. Los temas centrales del boletín analizaban críticamente la política del régimen y las reformas económicas. En buena medida, los artículos que los investigadores del IEP publicaban eran parte de las investigaciones que venían realizando en los diversos proyectos de investigación. Luego de un período de silencio Argumentos salió en una segunda versión. Desde 2008 Argumentos. Revista de análisis y crítica es una revista electrónica bimensual.

El 31 de octubre se llevó a cabo el referéndum para ratificar la Constitución redactada y aprobada por el Congreso Constituyente Democrático. Esta Constitución establecía una única cámara y consagraba las reformas de liberalización de la economía al declarar el carácter subsidiario del Estado, es decir, que este no podía intervenir en aquellas áreas de la economía donde el capital privado tenía inversiones. Otra innovación de esta Constitución fue la reelección presidencial por una única vez. El proceso de consulta fue controversial pues se denunciaron casos de fraude en algunas localidades de Puno, Arequipa y Trujillo; el propio miembro del Jurado Nacional Electoral, Juan Chávez Molina, cuestionó el proceso por la “pérdida” de actas y renunció a manera de protesta. Los resultados fueron ajustados: el Sí ganó con el 52.33%; el No que obtuvo el 47.67%.

El 1 de mayo salió al aire el programa Argumentos radiales, bajo la conducción de Rosa Mávila y Mario Tamayo. El programa, cuya coordinación estuvo en Carlos Iván Degregori y Romeo Grompone, se transmitió a través de Radio RED (AM) y Radio Sol (AM), y posteriormente por Antena Uno Radio (AM y FM). Se emitieron 71 ediciones hasta el 24 de diciembre de 1994, en el horario estelar de las 10:00 a 11:00 am. Los temas que se abordaron se centraron en la coyuntura política, la reelección presidencial, los derechos humanos, las mujeres y la política, entre otros. Como panelistas se presentaron personalidades de la vida política y académica del país, con un sentido de pluralidad. Así, pasaron por el programa, entre otros, Luis Alberto Sánchez, Francisco Tudela, Julio Cotler, Michel Azcueta, Fernando Belaunde, Romeo Grompone, Carlos Tapia y Javier Diez Canseco.

El 28 de febrero se hizo la apertura de sobre de la subasta de las empresas estatales Entel Perú y Compañía Peruana de Teléfonos resultando ganadora Telefónica de España con una oferta de 2,002 millones de dólares. Dada la importancia de la suma fue promocionada como el símbolo del éxito del proceso de privatizaciones iniciado el año anterior. Sin embargo, este caso fue también ilustrativo de la complejidad del proceso: por un lado, en los años siguientes las conexiones de telefonía domiciliaria se expandieron notablemente a sectores populares urbanos y rurales; en la época anterior la instalación de una línea de teléfonos podía demorar tres años. De otro lado, esta venta incluía el monopolio del servicio hasta 1999, lo que se tradujo en la posición de imponer costos elevados, convirtiendo al Perú en uno de los países con la telefonía más cara del mundo.

El 11 y 12 de agosto, como parte de las celebraciones por los 30 años de vida del IEP, se llevó a cabo el “Seminario Perú 1964-1994” que abordó los cambios económicos, sociales, políticos y culturales del Perú en las últimas tres décadas. La coordinación del seminario estuvo a cargo de Julio Cotler y se presentaron 22 ponencias que fueron publicadas con el título de Perú 1964-1994. Economía, sociedad y política. Sobre los cambios económicos escribieron Adolfo Figueroa, Efraín Gonzales Olarte, Augusto Álvarez Rodrich. Con respecto a los cambios en la sociedad se publicaron artículos de Cecilia Blondet, Jürgen Gölte y Martín Tanaka. Para la sección de política escribieron Romero Grompone, Marcial Rubio y Fernando Rospigliosi. Y en la parte de cultura e identidad nacional María Isabel Remy, Antonio Cornejo Polar y Carlos Iván Degregori.

El 9 de abril, Alberto Fujimori fue reelecto en primera vuelta con el 64% contra el 21% del ex Secretario General de la ONU y candidato de Unión por el Perú Javier Pérez de Cuellar. Esta victoria consolidó el apoyo popular a Fujimori quien capitalizó los éxitos de la derrota de Sendero Luminoso y de la estabilización de la economía. Estaba pendiente, sin embargo, el problema de la pobreza de casi la mitad de la población y fue en torno a esto que giró la campaña electoral. Así, la votación por Fujimori fue una suerte de acto de confianza para que resolviera este problema. La victoria de Fujimori también se debió a que la oposición se presentó fragmentada; solo el PPC apoyo la candidatura de Pérez de Cuellar; el resto de partidos presentaron sus propios candidatos (el PAP, IU, AP), a lo que habría que añadir las candidaturas de Ricardo Belmont y Alejandro Toledo.

El 14 de junio el Congreso de la República aprobó la Ley 26749, conocida como la Ley de Amnistía, que ordenaba la liberación de los militares y policías presos o acusados de crímenes contra civiles y militares en el proceso de lucha contra el terrorismo. Esta Ley fue bastante polémica, pues se realizó en horas de la madrugada y permitió la liberación de los miembros del Grupo Colina que habían sido condenados por un Tribunal Militar. Diversos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos salieron a protestar y denunciar que esta Ley demostraba el compromiso del gobierno con el Grupo Colina. La Ley generó descontentó en la opinión pública pero la contundente victoria de Fujimori en las elecciones de abril decidió al gobierno a asumir el costo político. Esta Ley fue finalmente derogada el año 2000 al final del gobierno de Fujimori.

El 12 de noviembre Alberto Andrade, candidato del partido Somos Lima, ganó las elecciones a la alcaldía de Lima con el 52% de los votos contra el 47% de Jaime Yoshiyama. Andrade era alcalde de Miraflores cuando ocurrió el atentado de Tarata y realizó una exitosa gestión en la reconstrucción de los edificios afectados siendo reelecto en 1993. Yoshiyama fue ministro de Energía y Minas en 1991, de Transporte en 1992, y Presidente del CCD en 1993; se le consideraba el segundo hombre fuerte del gobierno. A pesar del apoyo que Fujimori brindó a Yoshiyama, la victoria de Andrade mostró que la popularidad de Fujimori no era endosable a otro candidato. De otro lado, la figura de Andrade fue creciendo gracias al ordenamiento del comercio informal y a importantes obras viales, por lo cual empezó a ser considerado como un posible candidato a las elecciones presidenciales del 2000.

En agosto el IEP rindió homenaje a la trayectoria intelectual de dos de sus fundadores: María Rostworowski y Alberto Escobar. En el caso de María Rostworowski la celebración incluyó su cumpleaños número ochenta, evento que tuvo repercusión en los medios de prensa y académicos. Las celebraciones comprendieron una ceremonia de homenaje en el IEP y la preparación y publicación de dos libros. El primero en homenaje a los aportes de María Rostworowski a la comprensión del pasado incaico: Arqueología, Antropología e Historia en los Andes, editado por Rafael Varón y Javier Flores, donde se publicaron trabajos de Franklin Pease, Frank Salomon, John Rowe, Tom Zuidema, Luis Millones, John Murra, Pierre Duviols, entre otros. El segundo fue un conjunto de cinco ensayos inéditos de Alberto Escobar: En pocas palabras. Ensayos de lengua, estilo y cultura.

La elección de Cecilia Blondet como Directora General del IEP significó un hito en el desarrollo de la institución. Fue la primera mujer elegida por la Asamblea de Asociados para este cargo y permaneció por tres períodos, entre 1995 y 2000. Bajo su liderazgo el IEP llevó a cabo una reorganización y modernización administrativa para ordenar las cuentas y poder hacer proyecciones de gastos e ingresos. La gestión de Blondet significó también una mayor presencia de las mujeres en el Consejo Directivo, en la dirección de los proyectos de investigación y en las actividades de incidencia del IEP. Correspondió a su gestión encarar los cambios que se venían produciendo en las relaciones con las agencias de cooperación, así como con el crecimiento de los proyectos, de los investigadores y la complejidad de las actividades que fue asumiendo el IEP.

El 17 de diciembre un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru asaltó la casa del embajador de Japón tomando a cerca de 800 de rehenes entre personalidades políticas, diplomáticas militares y empresariales que asistían a una recepción por el aniversario del nacimiento del emperador Akihito. El comando del MRTA, liderado por Néstor Cerpa Cartolini, demandaba la liberación de sus dirigentes y compañeros presos. El MRTA fue liberando a las mujeres y a pequeños grupos hasta quedar solo 72 rehenes. Las negociaciones con el gobierno duraron varios meses hasta que el 22 de abril de 1997 se produjo el operativo “Chavín de Huántar”: 150 comandos militares ingresaron a la residencia y liberaron a los rehenes. Todos los miembros del MRTA fueron eliminados; también murieron el Vocal de la Corte Suprema Carlos Giusti y los comandos Juan Valer y Raúl Jiménez.

El 16 de enero, los magistrados del Tribunal Constitucional Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry fallaron en contra de la posibilidad de que Fujimori pueda volver a postular en el 2000. De acuerdo con la Constitución de 1993 solo estaba permitida una reelección pero en agosto de 1996 el Congreso aprobó la llamada “Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución” que declaraba que la elección de Fujimori de 1990 no contaba por ser anterior a la Constitución de 1993 y su primera elección venía a ser la de 1995. El TC declaró que la “Ley de Interpretación Auténtica” no era aplicable al caso de Fujimori y que legalmente no podría postular el 2000. El Congreso, controlado por el fujimorismo, aprobó el 29 de mayo tres resoluciones legislativas que destituyeron a los magistrados del TC que fallaron en contra de la re-reelección.

En marzo y abril se produjeron los principales desastres naturales del fenómeno El Niño, particularmente en la costa. En este caso se sabía desde el año anterior que vendría El Niño, aunque no en la forma y las fechas exactas. El gobierno aplicó una política de prevención en las zonas que habían sido afectadas en 1983. Sin embargo, El Niño de 1998 se manifestó con algunas variantes. Por ejemplo, si bien se concentró en la costa norte, esta vez Ica fue escenario de inundaciones de carreteras, campos de cultivo y de las zonas bajas de la ciudad. En Piura y Lambayeque la infraestructura vial y los puentes fueron interrumpidos por el desborde de los ríos que también echó a perder numerosas cosechas; en el mar de Chimbote desapareció la anchoveta afectando a los pescadores artesanales. Las pérdidas fueron calculadas en 3,498 millones de dólares.

El 11 de octubre el alcalde de Lima, Alberto Andrade, fue reelegido con el 58%, derrotando al candidato del fujimorismo Juan Carlos Hurtado Miller quien obtuvo el 32% de los votos. En esta ocasión, Andrade cambió el nombre de su organización de Somos Lima a Somos Perú presentando candidatos en todas las provincias y distritos del país, con la intención de acumular fuerzas para las elecciones presidenciales del 2000. Por ello, estas elecciones fueron particularmente intensas. El fujimorismo se organizó en el movimiento Vamos Vecino también para presentar candidatos en todo el país y prepararse para las elecciones del 2000. En las provincias del interior Vamos Vecino mostró un poco más de arraigo que Somos Perú, aunque también hubo presencia significativa de movimientos independientes en diversos distritos. Electoralmente el país estaba fragmentado.

El 9 de abril se produjeron las controvertidas elecciones generales que dieron a Fujimori el primer lugar con el 49.9% de los votos, contra el 40.2% de Alejandro Toledo. En un inicio los medios televisivos informaron, basados en encuestas a boca de urna, que el ganador era Toledo con el 46% y el segundo lugar era para Fujimori con el 42%. Sin embargo, en la noche los resultados empezaron a invertirse con la información de las actas electorales. Para la segunda vuelta se intensificaron los rumores de fraude y Toledo propuso postergar las elecciones para revisar el software electoral y garantizar la transparencia del proceso. El gobierno rechazó la propuesta y Toledo renunció a participar de la segunda vuelta invocando a sus seguidores a viciar su voto. El 28 de mayo Fujimori ganó con el 51.2%, ante el 17.7% de Toledo y el 29.9% de votos nulos.

El 14 de setiembre se difundió un video en el que se mostraba al asesor presidencial Vladimiro Montesinos entregando 15 mil dólares al congresista electo Alberto Kuori para integrarse a la bancada oficialista. Esto generó una crisis política y obligó a Fujimori a presentarse a los medios para anunciar la convocatoria a nuevas elecciones y el cese de Montesinos. En el Congreso la oposición logró destituir a la Presidenta Martha Hildebrant y nombrar a Valentín Paniagua. Con el Congreso en manos de la oposición, Fujimori decidió el 13 de noviembre viajar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Brunéi; luego se trasladó a Tokio desde donde renunció a la Presidencia por fax. El Congreso se negó a aceptar la renuncia y lo destituyó nombrando a Paniagua como Presidente Provisorio con la misión de convocar a elecciones generales para el año siguiente.

El 8 de abril se llevaron a cabo las elecciones convocadas por el Presidente Provisorio, Valentín Paniagua, para elegir Presidente de la República y un nuevo Congreso. Alejandro Toledo, candidato de Perú Posible y quien había liderado la oposición a la re-reelección de Fujimori, obtuvo el primer lugar en las elecciones a la Presidencia con el 36% de los votos; el segundo lugar estuvo muy disputado pero finalmente los resultados oficiales colocaron en esta posición a Alan García, candidato del PAP, con el 25%; el tercer lugar correspondió a Lourdes Flores, candidata de Unidad Nacional, con el 24%. El candidato fujimorista y exministro de Economía Carlos Boloña sufrió un duro revés al obtener solo el 1.6%. Estos resultados obligaron a ir a una segunda vuelta el 3 de junio en la que Toledo obtuvo el 52.71% de los votos contra el 47.29% de García.

En junio diversas protestas populares se produjeron en Arequipa ante el anuncio del gobierno de privatizar las empresas de gas Egasa (Arequipa) y Egasur (Tacna). Durante su campaña electoral Alejandro Toledo firmó un acta de compromiso para no privatizar estas empresas. El 14 de junio, sin embargo, incumpliendo con su compromiso, el gobierno adjudicó Egasa y Egasur a la empresa Tractebel por 167.4 millones de dólares. Entonces las protestas se volvieron masivas. El alcalde Juan Manuel Guillén interpuso una acción de amparo ante el Poder Judicial, pues la ciudad tenía acciones en estas empresas y no había sido consultada. Fue la primera vez que la población se movilizó exitosamente contra la política de privatizaciones del gobierno. El 19 la comisión gubernamental que llegó a Arequipa firmó un acta que dejó sin efecto las privatizaciones.

Entre el 12 de mayo y el 13 de junio se desarrolló la huelga nacional de los maestros del SUTEP. La demanda de los 280 mil maestros fue el alza de 210 soles en sus sueldos. Las movilizaciones se concentraron en Lima, Huancayo, Puno, Arequipa y Cusco, donde se bloquearon carreteras e incluso se llegó a tomar las vías del ferrocarril a Machupicchu. El 26 de mayo se sumaron a las protestas los productores agrícolas demandando la reducción de un tercio del IGV al arroz; al día siguiente los trabajadores, enfermeras y médicos de Essalud se declararon en huelga para exigir el aumento de sus salarios. Ante esta escalada de protestas el gobierno declaró el “Estado de Emergencia”. El 4 mayo se logró un acuerdo con el SUTEP de un aumento de 100 soles y la duplicación de los sueldos gradualmente hasta el 2006. Los maestros retornan a clases el 16 de junio.

El 14 de julio se realizó el paro nacional convocado por la CGTP, con la participación de los frentes regionales, la Confederación Campesina del Perú, el SUTEP, y el APRA. La demanda se centró en el rechazo a la política económica del gobierno y, en particular, a la firma de los tratados de la ALCA y el TLC. El paro se realizó en medio de la crisis de popularidad del Presidente Toledo, por lo cual tuvo un contenido político; particularmente por la participación de Alan García y el PAP que estaban buscando reposicionarse de cara a las elecciones del 2006. En medio de las protestas se produjo el bochornoso incidente en el cual el expresidente Alan García le propinó un puntapié al ciudadano Jesús Lora. El paro tuvo un relativo éxito, pues si bien movilizó a los sectores organizados no llegó a canalizar el descontento hacia el gobierno de Toledo.

El 1 de enero, Antauro Humala, hermano de Ollanta Humala, y 150 licenciados del ejército (“reservistas”) tomaron la comisaría de Andahuaylas aprovechando la fiesta de Año Nuevo. Antauro demandó la renuncia de Alejandro Toledo y la restauración de la Constitución de 1979. Antauro había organizado y adoctrinado a cientos de “reservistas” de varias regiones del país, particularmente del sur andino. El respaldo de la población fue masivo pero al llegar las fuerzas policiales los reservistas se atrincheraron en la comisaría. Algunos de los jefes de los reservistas dirigieron la emboscada de las fuerzas policiales, provocando la muerte de 4 policías; dos reservistas murieron en la confusión de las protestas. El 4 de enero, Antauro se entregó a la policía y solicitó a sus seguidores que depusieran las armas, terminando con el conflicto.

El 9 de abril se realizaron las elecciones presidenciales en las que Ollanta Humala obtuvo el primer lugar con el 31% de los votos, contra el 24.3% de Alan García, muy cerca quedó Lourdes Flores con el 23.8%. Esto obligó a Humala y García a ir a una segunda vuelta en la que García derrotó a Humala con el 56.61% contra el 47.4% respectivamente. Este proceso electoral mostró las fracturas del país, pues en la mayoría de regiones andinas y pobres del Perú Humala ganó ampliamente; en Ayacucho ganó con el 83%, en Huancavelica con el 77% y en Apurímac con el 73%. Mientras que Alan García conquistó a las regiones de la costa; en La Libertad ganó con el 73%, en Lima con el 68% y en El Callao con el 62%. El discurso de un “cambio responsable” y el mayor peso electoral de la costa fue lo que definió la victoria de García en la segunda vuelta.

El 15 de agosto se produjo un terremoto de grado 7.9 en Ica con el saldo de 510 muertos y 1,500 heridos, así como destrucción de 17 mil casas y numerosos edificios. La zona más afectada fue Pisco, donde el 70% de las casas fueron derruidas y la iglesia de San Clemente se desplomó durante una misa aplastando a los asistentes. El terremoto mostró la baja preparación del Estado para enfrentar este tipo de desastres naturales, especialmente por la lentitud de Defensa Civil. La provisión de ayuda en alimentos, abrigo y medicinas a los damnificados se realizó en medio del caos y el saqueo; en parte promovido por los presos que se fugaron de la cárcel Tambo de Mora. La política de reconstrucción del gobierno fue bastante ineficiente y lenta; la situación de las familias viviendo en carpas y lugares precarios no cambió al final del gobierno de García.

El 4 y 5 de junio se realizó en Moquegua un paro reclamando una mayor cuota del canon minero. El paro se convocó porque Moquegua, pese a que producía más cobre, iba a recibir solo 244 millones y Tacna 711 millones (ambas regiones conforman un complejo minero administrado por la empresa Southern Peru). El problema era que el reglamento de regalías de 2006 calculaba el porcentaje del canon a partir de la cantidad de tierra removida en lugar del cobre extraído, lo que resultaba desfavorable para Moquegua. Después de una fallida negociación con el Premier Jorge del Castillo, empezó el 10 de junio un paro indefinido. El 16 cerca de 50 policías al mando del general Alberto Jordán fueron capturados por la población y el general Jordán fue obligado a pedir perdón. Con los policías secuestrados el gobierno tuvo que aceptar modificar la forma de calcular el canon minero.

El 5 de octubre se difundieron en el programa Cuarto Poder grabaciones de audios en los que Rómulo León Alegría, exministro aprista, y el abogado Alberto Quimper, miembro del directorio de Petroperú, conversando para favorecer a la empresa Discovery Petroleum de Noruega a obtener concesiones de lotes petroleros a cambio de sobornos. En los siguientes días renunció el presidente de Petro Perú y el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia. Alberto Quimper fue detenido y sometido a arresto domiciliario, mientras que León Alegría rehuyó a la justicia por 38 días. La crisis del gabinete de ministros se produjo al aparecer un audio en el que se implicaba a Jorge del Castillo quien presentó su carta de renuncia y fue reemplazado por Yehude Simon. El caso dio lugar a un largo proceso judicial que acabó centrándose en el espionaje telefónico.

El 7 de marzo el Poder Judicial sentenció al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por autoría intelectual de los crímenes de 15 personas, incluido un niño de 8 años, en Barrios Altos y de los ocho estudiantes y un profesor de La Cantuta. En noviembre de 2005 Fujimori había viajado a Chile desde donde fue extraditado en setiembre de 2007 para ser sometido a juicio en el Perú. Un tribunal de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, estableció que Fujimori conocía y protegió al “Grupo Colina” autor directo de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Considerando el tiempo que pasó detenido en Chile, Fujimori debe permanecer en prisión hasta febrero del 2032. Dada su calidad de expresidente, Fujimori está recluido en el penal de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), en el exfundo Barbadillo.

El 5 de junio se produjo la muerte de 33 personas (23 policías, cinco pobladores y cinco indígenas) cuando las fuerzas policiales intentaron desalojar a las miles de personas que durante 55 días bloqueaban la carretera Fernando Belaunde, en el tramo conocido como “Curva del Diablo”. Cerca de cinco mil indígenas amazónicos, con el apoyo de la población local, estaban protestando contra los decretos legislativos que, en el marco del Tratado de Libre Comercio, fueron promulgados por el gobierno de Alan García afectando los derechos colectivos de las comunidades amazónicas en el uso y gestión de los recursos naturales de sus territorios. Los sucesos de Bagua conmocionaron a la opinión pública y diversos sectores manifestaron su apoyo a los pueblos indígenas y demandaron la renuncia del Premier Yehude Simon quien dejó el cargo recién el 11 de julio.

El 3 de octubre, Susana Villarán, candidata por Fuerza Social, ganó las elecciones a la Alcaldía de Lima con el 38.3% de los votos, contra el 37.5% de Lourdes Flores Nano del PPC; en tercer lugar quedó Humberto Lay, de Restauración Nacional, con el 8.6%. Fueron elecciones bastantes disputadas pero finalmente Villarán se convirtió en la primera mujer que ganaba la Alcaldía de Lima. El ascenso electoral de Villarán ocurrió luego de la tacha y exclusión de Alex Kouri del proceso electoral por no acreditar domicilio habitual en Lima. Villarán, quien había sido candidata a la Presidencia de la República en el 2006, postuló como parte de una coalición de organizaciones de izquierda logrando posicionarse como una izquierda moderna, democrática y progresista. Era la segunda oportunidad en que la izquierda conquistaba la capital limeña.

El 24 de noviembre, el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca inicia un paro indefinido para demandar la cancelación del proyecto de explotación minera Conga que afectaría a cuatro lagunas. La movilización de la población fue masiva, la ciudad paró y se bloquearon las carreteras. El 26 la empresa Yanacocha emitió un comunicado en el que declaraba que suspendía sus actividades pero el paro no se detuvo. El 4 de diciembre una comisión presidida por el Premier Salomón Lerner llegó a la ciudad para negociar con los líderes de la protesta pero sin éxito. El Presidente Humala declara el “Estado de emergencia” y días después el Premier Lerner renunció a su cargo, siendo reemplazado por Óscar Valdes, quien encargó un nuevo estudio ambiental a técnicos internacionales sin lograr calmar la situación. La empresa Newmont paralizó el proyecto en agosto de 2012.

A inicios de abril el programa Cuarto Poder informó sobre las 5,500 gracias presidenciales dadas por Alan García, entre indultos y conmutaciones de penas, que incluían a 400 narcotraficantes beneficiados, en algunos casos a bandas enteras. El informe mostró casos de liberados que habían vuelto a cometer los mismos crímenes. Posteriormente se difundieron testimonios de Carlos Butrón Dos Santos que aseguraban que por estas gracias presidenciales se habían cobrado entre cinco y diez mil dólares, y que los narcotraficantes Miguel Huamán y Carmen Morales Pérez habían trabajado en la comisión de gracias presidenciales. El Presidente de esta comisión, Facundo Chinguel, fue recluido en la cárcel mientras se le procesaba. Este caso también fue materia de un informe de la Megacomisión del Congreso que investigó las irregularidades del gobierno de García.

El 31 de enero la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó su sentencia sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile. La demanda había sido planteada por el Perú el 16 de enero de 2008 y solicitaba a la Corte establecer la frontera marítima mediante una línea equidistante, según la Convención del Mar. En 1954, Perú y Chile habían firmado un acuerdo pesquero que consideraba un límite de pesca horizontal que favorecía a Chile. El Perú sostenía que este acuerdo no era un tratado de límites y que, dada la negativa de Chile de entablar negociaciones para este acuerdo, correspondía a la Corte la delimitación marítima. La Corte dio un “fallo complejo” que otorgó parcialmente la razón a ambos países. Como Chile estaba en posesión de todo el terreno en disputa, esto significó que el Perú ganó aproximadamente 21 km2 de soberanía marítima.

El 26 de marzo fue elegido el nuevo Consejo Directivo para el periodo 2015-2017 siendo electo como Director General Ricardo Cuenca. En el Consejo lo acompañan Ludwig Huber en la Dirección de Publicaciones, Patricia Zárate en la Dirección de Economía, Carolina de Belaúnde en la Dirección de Actividades, Marisa Remy en la Dirección de Investigaciones, y Martín Tanaka y Cecilia Blondet como directores accesitarios. Entre las diversas actividades y proyectos que el IEP viene impulsando durante este periodo,

El 05 de junio se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que el candidato de Peruanos por el Kambio, derrotó a Keiko Fujimori. De acuerdo con los resultados oficiales, Pedro Pablo Kuczynski obtuvo el apoyo del 50,12% de los votantes. Su rival Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, recibió el 49,88% de los votos. El presidente Kuczynski deberá tender puentes puentes con el fujimorismo, que controla 73 de los 130 escaños del Congreso,

El 03 de febrero el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) informó mediante un comunicado oficial que ha pasado del 'estado de vigilancia' del fenómeno al 'estado de alerta', debido a que se consolidaron las condiciones para la ocurrencia durante el 2017. Este año "El Niño Costero" ha incrementado las lluvias al calentar las aguas del norte peruano.

El 16 de marzo fue elegido el nuevo consejo directivo 2017-2019 siendo reelecto como como director general Ricardo Cuenca. Lo acompañan en la conducción del Instituto: Ludwig Huber, Patricia Zárate, Natalia González, Jorge Aragón, Johanna Yancari y Cecilia Blondet.

El 21 de marzo Pedro Pablo Kuczynski (PPK), hizo oficial su renuncia a la Presidencia de la República. Tras un año y 7 meses en el cargo y luego de semanas marcadas de constantes fricciones entre el Ejecutivo y el Congreso, lo cual conllevó a la censura de diferentes ministros y también a que presenten hasta dos pedidos de vacancia presidencial. La denominada “crisis presidencial” se produce luego de la difusión de un conjunto de audios, en los que se escucha al ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, y los congresistas del bloque de Kenji Fujimori ofrecer obras a cambio de votos para evitar su vacancia.

El el 23 de marzo, el ingeniero y primer vicepresidente, Martín Vizcarra Cornejo juró el cargo de presidente de la República. Vizcarra, asumió la presidencia por renuncia de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski. En su primer mensaje a la nación buscó poner paños fríos en la tensa relación de los últimos meses entre el ejecutivo y el legislativo “Pongamos punto final a la confrontación”, y promete que atacará la corrupción en el Estado "Propongo a los congresistas un pacto social a fin de luchar contra la corrupción e impulsar el desarrollo democrático e integrador. Podemos transformar este difícil momento en una nueva etapa política", añadió. El 2 de abril juramentó su gabinete ministerial encabezado por César Villanueva.